CEDH Promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Congreso del Estado de San Luis Potosí.

22 enero, 2018

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    El pasado 17 de octubre del 2017 en el Periódico Oficial del Estado se publicó la reforma al Artículo 277 del delito del Código Penal que prevé los “Delitos Cometidos Contra Servidores Públicos o Agentes de la Autoridad en Ejercicio de sus Funciones” y el cual se lee:
    ARTÍCULO 277. Quien ejecute actos violentos o agresivos en contra de un servidor o funcionario público, o agente de la autoridad, en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se le aplicará de uno a seis años de prisión, y sanción pecuniaria de cien a trescientas unidades de medida de actualización, además de la que le corresponda por el delito cometido.
    Párrafo segundo. Se deroga.
    Párrafo tercero. Se deroga
    Por lo anterior la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) promovió la Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por estimar que se vulnera o limita el derecho a la Libertad de Expresión y se violan los derechos a la Seguridad Jurídica, a la Legalidad en materia penal y el principio de Legalidad, ya que existe gran amplitud de definición en los conceptos: “violentos o agresivos” que contiene dicho artículo, mismos que emiten una descripción vaga e imprecisa.
    Pues se advierte que previo a su modificación, el artículo 277 del Código Penal del Estado, contenía las tres acciones que se consideraban elementos del tipo penal, es decir, denigrar, calumniar u ofender, sin embargo, la reforma reclamada impone una limitación a las personas en su derecho de expresión y manifestación, ya que establece como elemento del tipo penal los actos violentos o agresivos que realice cualquier persona en contra de una autoridad, en ejercicio de sus funciones.
    En este sentido, se estima que los términos utilizados por los legisladores como “actos violentos o agresivos” resultan demasiado ambiguos para sancionar todo un tipo de conductas para considerarlas como delitos por lo que permite arbitrariedad en la aplicación de la ley.
    Dicha Acción de Inconstitucionalidad fue realizada con el apoyo del corporativo DATALEGAL, en el marco de colaboración.

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